A la Mesa del
Congreso:
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a
instancia del diputado Joan Tardà i Coma, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN
NO DE LEY para su debate en Comisión.
A medida que avanzaban territorialmente las fuerzas
militares del bando fascista, los defensores del régimen
republicano legal y legítimamente constituido buscaron
nuevas fórmulas de lucha para detener a los sublevados.
La resistencia de los derrotados militarmente por
los facciosos se fue articulando irregularmente en los espacios
donde pudieron hacerlo. En principio, para evitar sus muertes
se organizaron en los montes y montañas, donde, a
los “huidos” de la población civil, se
fueron sumando grupos del Ejército republicano y
de otras organizaciones armadas que luchaban contra los
fascistas, escapados de campos de prisioneros y otras personas
que decidieron tomar dicho camino en pos de la libertad.
Hay que señalar que su procedencia política
era plural, desde militantes anarquistas, comunistas, socialistas
o republicanos hasta jóvenes militantes antifascistas.
Los diferentes grupos guerrilleros diseminados a
lo largo de todo el territorio del Estado se concentraban
en el ámbito rural y a menudo sobrevivieron gracias
al apoyo de enlaces en las zonas poblacionales cercanas.
La lucha de guerrillas, que se inició ya en
el mismo momento en qué se produce el “Alzamiento
Nacional” golpista y se prolongó hasta los
años 60, tuvo una actuación irregular teniendo
en cuenta que buena parte de los luchadores cruzaron la
frontera en dirección a Francia para combatir internacionalmente
el fascismo. Lo hicieron con la esperanza que esta derrota
provocara el fin del fascismo español gracias al
apoyo internacional de los regímenes democráticos.
A pesar de que muchos volvieron y continuaron la lucha,
a mitad de los 50 fue ya evidente que la colaboración
internacional no se iba dar, haciendo patente el aislamiento
a que quedaban relegados.
Desde el final oficial de la Guerra Civil, fue el
Tercio Móvil del Ejército español,
la Falange, y sobre todo la Guardia Civil, los encargados
de perseguir y aniquilar a los grupos de resistencia democrática
organizados en guerrillas. La decisión de adjudicar
un papel preeminente a la Guardia Civil se debe tanto a
su propia naturaleza, ámbito de actuación
y experiencia de este instituto armado (responsable de perseguir
a bandoleros y carlistas durante el siglo XIX), como a la
intención de menospreciar e infravalorar -internamente
y externamente- la resistencia al régimen fascista.
Encargándose prioritariamente a la Guardia Civil
y no al Ejército la represión, se pretendía
por un lado que no se reconociera que se trataba de un problema
grave o de la misma continuidad de la guerra. Por otro lado,
se quería visualizar ante la sociedad que se trataba
de un problema de delincuencia y no de una lucha en defensa
del régimen republicano. Para ello, se utilizaron
también tácticas propagandísticas como
el silenciamiento de las acciones con contenido político
y la propagación de aquellas más violentas
que pudieran generar un cierto rechazo por parte del conjunto
de la sociedad. En este mismo sentido, una circular de la
Dirección General de Seguridad de 11 de abril de
1947 prohibía expresamente utilizar el término
guerrilla, maquis o guerrilleros, y obliga a establecer
como terminología a nivel interno y externo, los
conceptos bandoleros, forajidos o bandolerismo.
Pero la lucha armada por la democracia existía,
y era mayor de lo que el propio gobierno golpista estaba
dispuesto a admitir. Hasta el punto que el Ministerio de
Interior dio orden de aniquilar a los guerrilleros y enlaces
-mediante la ley de fugas-, a la vez que se amplió
en gran medida la plantilla de la Guardia Civil (se pasó
de 30.000 efectivos en 1936 a 54.000 en 1941). La importancia
de la guerrilla está demostrada por el hecho que
en el periodo 1943-1952 se concedieran por las acciones
contra la ella, 908 cruces del mérito militar -que
configuraron el popularmente llamado “medallero”-,
970 citaciones en las órdenes generales del cuerpo,
que hubiera más de mil enfrentamientos armados y
más de seiscientas bajas entre heridos y muertos
en la Guardia Civil. De hecho, las cifras que se recogen
en los archivos del Servicio de Estudios Históricos
de la Guardia Civil para este periodo –citado por
el investigador Jesús Núñez en su ponencia
La Guardia Civil contra el maquis- señalan 2.173
guerrilleros muertos, 2.374 detenidos y 19.444 enlaces detenidos.
En este sentido, la desarticulación de las
guerrillas requirió una nueva estrategia basada en
el ataque a sus redes de apoyo, lo cual llevó a la
Guardia Civil a reprimir a los enlaces, los cuales fueron
paulatinamente detenidos, encarcelados o asesinados hasta
que los guerrilleros, aislados, acabaron por desaparecer.
No obstante, aunque suele establecerse el año
1952 como el año en qué se puso fin a la lucha
guerrillera a favor de la democracia representada por el
legítimo régimen republicano, quedaron algunos
focos de resistencia guerrillera hasta los años 60,
como es el caso de los representados por Quico Sabater,
Ramon Vila Capdevila “Caracremada”, José
Castro Veiga “Piloto”, etc.
Por todo ello urge, pues, un reconocimiento de la
lucha por la libertad de los defensores del legítimo
régimen republicano, de igual manera como han procedido
en otros países como Francia, Alemania o Rusia, por
poner tres ejemplos. En este sentido, René Pérez,
responsable de la Unión de Excombatientes Franceses
en España, reivindicando la reparación de
esta injusticia, afirma que “A los guerrilleros franceses
que lucharon contra el nazismo se les considera héroes
nacionales; tienen una pensión especial, veranean
en residencias militares, los mutilados reciben asistencia
a domicilio y han sido condecorados en repetidas ocasiones.”
Por otro lado, hay que destacar la dificultad de
acceso a los archivos por parte de los mismos afectados,
familiares o los historiadores actuales. De hecho, en una
clara e injusta asimetría, la mayoría de los
investigadores que han tenido fácil acceso a todos
estos archivos se han destacado precisamente por tratar
el fenómeno bajo un prisma ideológico que
asimilaba la guerrilla a la delincuencia. En este sentido,
hace falta señalar que sería necesario que
los documentos depositados por el Servicio de Información
de la Guardia Civil o similares fuesen trasladados a un
archivo donde rigieran criterios profesionales de acuerdo
con el Consejo Internacional de Archivos y se facilitara
el libre acceso a los estudiosos de la materia.
Por todo ello, y reconociendo y asumiendo la tenaz
y valiosa labor de la Asociación Archivo, Guerra
y Exilio (AGE) a la que pertenecen actualmente la mayoría
de guerrilleros y en virtud del reconocimiento por unanimidad
que el Congreso de los Diputados hace el 14 de mayo de 2001
de su lucha y en qué se insta al Gobierno a adoptar
las medidas necesarias para su rehabilitación total
de cara a modificar la calificación de bandoleros
y malhechores, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al gobierno español
a:
- Reconocer jurídica, moral y económicamente
a los ciudadanos y ciudadanas que integraron o apoyaron
la resistencia armada antifascista, con el fin de restablecer
la legitimidad constitucional republicana. En este sentido,
se harán efectivas las indemnizaciones y beneficios
sociales que se deriven de este reconocimiento.
- Proceder a trasladar la documentación personal
e institucional relativa a la guerrilla a un archivo histórico
público y civil con la finalidad de facilitar su
conservación, tratamiento y acceso tanto a los
afectados y familiares, como a los investigadores.
- Incluir lo demandado en el Proyecto de Ley de la Memoria
Joan Tardà i Coma
Joan Puigcercós i Boixassa
Diputados GP Esquerra Republicana
La han firmado también ERC, PNV, IU, BNG, EA, Na-Bai,
CHA |
