| Con
orgullo, con modestia y con gratitud.
El 14 de abril de 1931, España tuvo una oportunidad.
La proclamación de la II República Española
encarnó el sueño de un país capaz de
ser mejor que sí mismo, y reunió en un solo
esfuerzo a todos los españoles que aspiraban a un
porvenir de democracia y de modernidad, de libertad y de
justicia, de educación y de progreso, de igualdad
y de derechos universales para todos sus conciudadanos.
Hoy, setenta y cinco años después, los firmantes
de este manifiesto evocamos aquel espíritu con orgullo,
con modestia y con gratitud, y reivindicamos como propios
los valores del republicanismo español, que siguen
vigentes como símbolos de un país mejor, más
libre y más justo.
Frente al colosal impulso modernizador y democratizador
que acometieron las instituciones republicanas -siempre
con la desleal oposición de quienes creían,
y siguen creyendo, que este país es de su exclusiva
propiedad-, todavía se nos sigue intentando convencer
de que la II República fue un bello propósito
condenado al fracaso desde antes de nacer por sus propios
errores y carencias. Los firmantes de este manifiesto rechazamos
radicalmente esta interpretación, que sólo
pretende absolver al general Franco de la responsabilidad
del golpe de estado que interrumpió la legalidad
constitucional y democrática de una república
sostenida por la voluntad mayoritaria del pueblo español,
con las trágicas consecuencias que todos conocemos.
Y exigimos que las instituciones de la actual democracia
española rompan de manera definitiva los lazos que
la siguen uniendo -desde los callejeros de los municipios
hasta los contenidos de los libros de texto- con un estado
ilegítimo, que surgió de una agresión
feroz contra sus propios ciudadanos y se sostuvo en el poder
durante treinta y siete años mediante el abuso sistemático
e indiscriminado de los siniestros recursos que caracterizan
la pervivencia de los regímenes totalitarios. Después
de treinta años de democracia, resulta vergonzoso
tener que recordar aún donde estaba la ley y donde
estuvo el delito. A estas alturas, es intolerable, y muy
peligroso para la salud moral y política de nuestro
país, que todavía se pretenda equiparar al
gobierno legítimo de una nación democrática
con la facción militar que se sublevó contra
el estado al que, por su honor, había jurado defender,
y cuya victoria sólo fue posible gracias a la ayuda
de los regímenes fascista y nazi que preparaban una
invasión de Europa que acabaría provocando
una guerra mundial y, aún más decisivamente,
gracias a la culpable indiferencia de las democracias occidentales,
que, antes de convertirse en víctimas de las mismas
potencias en cuyas manos habían abandonado a España,
eligieron parapetarse tras el hipócrita simulacro
de neutralidad que representó el comité de
No Intervención de Londres.
El 14 de abril de 1931, España tuvo una oportunidad,
y los españoles la aprovecharon. Pese a la brevedad
de su vida, la II República desarrolló en
múltiples campos de la vida pública una labor
ingente, que asombró al mundo y situó a nuestro
país en la vanguardia social y cultural. Entre sus
logros, bastaría citar la reforma agraria, el sufragio
femenino, los avances en materia legislativa de toda índole,
la separación efectiva de poderes, las constantes
y modernísimas iniciativas destinadas a difundir
la cultura hasta en las comarcas más remotas, el
decidido impulso de la investigación científica
o el florecimiento ejemplar no sólo de la educación,
sino también de la asistencia sanitaria pública,
para demostrar que aquel bello propósito generó
bellísimas realidades, que habrían sido capaces
de cambiar la vida de un pueblo condenado a la pobreza,
la sumisión y la ignorancia por los mismos poderes
-los grandes propietarios, la facción más
reaccionaria del Ejército y la jerarquía de
la Iglesia Católica- que se apresuraron a mutilarlo
de toda esperanza.
La República dotó a los sectores más
débiles y desprotegidos de la sociedad de entonces,
las mujeres y los niños, de un estatuto jurídico
privilegiado en su época. El retroceso fue tan brutal,
que el cambio de régimen supuso para ellas, para
ellos, la pérdida de todo derecho y su consagración
como subciudadanos dependientes de la buena voluntad de
los cabezas de sus respectivas familias. La República
apostó por la defensa de los espacios públicos
como escenario fundamental de la vida española, asumiendo
la necesidad de equiparar las condiciones de vida de las
poblaciones rurales y urbanas, y desarrollando políticas
de igualdad no sólo entre los individuos, sino también
entre las regiones más y menos prósperas.
El retroceso fue tan brutal, que el cambio de régimen
consolidó las desigualdades históricas tanto
individuales como colectivas, y abandonó la promoción
de los servicios públicos para crear un déficit
que en algunos sectores, como la educación primaria
y secundaria, seguimos padeciendo todavía. La República
fomentó el auge de la cultura española en
todos los terrenos de la creación artística
y de la investigación científica, el debate
intelectual y la vida universitaria, hasta el punto de que
su nombre y su destino estarán unidos para siempre
a la memoria del máximo esplendor cultural del que
ha gozado nuestro país en la era moderna. El retroceso
fue tan brutal, que el cambio de régimen supuso la
pérdida más trágica que, a su vez,
ha soportado nunca la cultura española, el exilio
masivo de los mejores, que dejaron las aulas y los laboratorios,
los talleres y las redacciones, las editoriales y los museos,
la autoridad y el prestigio intelectual de nuestro país,
en manos de una improvisada cosecha de oportunistas y segundones,
que redujeron la vida cultural española a una lamentable
manifestación de mediocres oscuridades.
Hoy, setenta y cinco años después,
los firmantes de este manifiesto no queremos seguir lamentando
la triste brutalidad de aquel retroceso, sino celebrar la
emocionante calidad de los logros que le precedieron, y
agradecer la ambición, el coraje, el talento y la
entrega de una generación de españoles que
creyó en nosotros al creer en el futuro de su país.
Reivindicar su memoria es creer en nuestro propio futuro,
que será proporcionalmente mejor, más libre,
más justo, más feliz, en la medida en que
seamos capaces de estar a la altura de la tradición
republicana que hemos heredado. Por una España verdaderamente
moderna, laica, culta, igualitaria, por su definitiva normalización
democrática, y por el progreso armónico del
bienestar de todos sus ciudadanos, hoy, setenta y cinco
años después, queremos celebrar el 14 de abril
de 1931, y proponer que esta fecha se celebre en lo sucesivo
como un reconocimiento oficial a todos los ciudadanos españoles
que lucharon activamente por la libertad, la justicia y
la igualdad, valores comunes que tienen que seguir orientando
la construcción democrática de la sociedad
española. |